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Soja. La carga impositiva se lleva el 74,19% del margen bruto
del negocio El primer punto, y el objetivo central de la propuesta, recae sobre las
retenciones, por lo distorsivo y la magnitud del impuesto. El sendero propuesto implica
una reducción progresiva hasta el 2027. Del 33% actual, se bajaría 1,5% cada año hasta
llegar a una alícuota del 30% en el 2022. A partir de allí, el descenso pasaría a 2
puntos por año, lo que llevaría el porcentaje a un nivel de 20% en el 2027. "De
esta manera, no quitamos financiamiento al Estado en el corto plazo, y a la vez generamos
expectativas positivas en el mediano y largo plazo para toda la cadena de la soja",
explica el economista de FADA. El denominado impuesto al cheque es una demanda y queja de todos los sectores económicos. En ese sentido, la propuesta reside en una solución intermedia: bajar la alícuota en la medida que lo permita el aumento de la producción por la baja de las retenciones. "El cálculo nuestro es que se puede llevar la alícuota del 1,2% al 0,8%, suponiendo alcanzar las metas productivas que se plantean con la reducción de los derechos de exportación. De esta forma, el Estado no pierde un solo dólar de recaudación y ayuda a bajar la presión tributaria", afirma Miazzo. Ingresos Brutos. En este capítulo, la proposición se divide en dos apartados. En la producción primaria, la idea es que se cumpla con el pacto fiscal, ahora suspendido, que llamaba a eliminar los ingresos brutos en un plazo de cuatro años. "Este tributo, al cobrarse desde la producción primaria, se empieza a escalonar a lo largo de distintas cadenas", explica el economista. En tanto, en el eslabón comercial, donde este impuesto tiene un mayor peso, se propone una reducción del 50% a las alícuotas. "Es el principal impuesto pagado por el acopio, por lo que cualquier cambio puede generar mejoras en los márgenes del sector y también mayores inversiones", agrega. Inmobiliario Rural y tasas municipales. La propuesta se orienta a un ordenamiento de esos impuestos y que se apliquen a mejoras en la infraestructura utilizada por los distintos actores de la cadena, también como beneficios para la población y trabajadores locales. "Es que hay muchas divergencias entre las distintas zonas. Por eso pretendemos una unificación y mayor homogeneidad en términos de la productividad de cada una de las regiones", concluye el economista de FADA. La contraprestación a esta serie de modificaciones es un incremento de la producción de soja que derive también en mayores recursos para el Estado. "Si se cumple todo esto podríamos aumentar la producción en 15 millones de toneladas y alcanzar una meta de 78,5 millones de toneladas, un número que no está muy lejos de lo que se ha logrado en el pasado. Eso significa 4000 millones de dólares producto de exportaciones", se esperanza Miazzo.
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