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El juez de Reconquista le ordenó a la AFIP que levante la prohibición de exportar a Vicentin
|| Germán de los Santos
lanacion.com.ar

ROSARIO.- El juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de Vicentin, dispuso este jueves que la AFIP levante la prohibición de exportar a la cerealera, que había sido penalizada por el organismo por falta de pago en los aranceles y gravámenes antes de que se abriera la convocatoria. El magistrado consideró en el fallo que si la compañía no puede exportar se va a "frustrar" el objeto del concurso, que es "permitir la continuidad de la empresa y preservar las fuentes de trabajo". El juez se mostró permeable a los pedidos de la firma.

La deuda de Vicentin con la AFIP es de 1118 millones de pesos. Si la orden judicial no encuentra resistencia, la agroexportadora podrá volver a exportar, que era uno de los principales ingresos que tenía la firma, según indicaron a LA NACION voceros de la empresa.

Lorenzini consideró además que este tipo de sanciones se "imponen automáticamente, sin ponderar en cada caso concreto la situación de los contribuyentes", y agregó que si Vicentin "abona al fisco esta deuda, antes que a los demás acreedores, se vulneraría el principio concursal de igualdad de trato para todos los acreedores, puesto que los impuestos tienen privilegio general (no especial)".

Este nuevo fallo de Lorenzini se produjo en medio de los fuertes cuestionamientos que recibió el magistrado de Reconquista por parte del gobierno nacional, luego de que restituyó el 19 de junio pasado a los directivos de Vicentin al mando de la empresa y relegó a veedores a los interventores designados por el presidente Alberto Fernández. El magistrado decidió este jueves elevar a la Cámara de Apelaciones todos los planteos presentados contra ese fallo.

El 14 de mayo pasado, la empresa le pidió al juez que se "levanten todas las suspensiones en el registro de importadores y exportadores". Entre los argumentos que dio en ese momento Vicentin se advierte que la compañía posee "una importante capacidad de procesamiento en la que el 90 por ciento de su producción tiene como destino final la exportación".

"Prohibirle a la empresa operar en ese mercado frustraría totalmente su actividad y sin ella se torna imposible cualquier solución concursal", explicó la empresa en su pedido al juez, que falló a favor de la agroexportadora.

Estanislao Musuruana, apoderado de la AFIP, rechazó los planteos de Vicentin al señalar que "la suspensión en el registro de importadores y exportadores se efectúa de manera automática, por la falta de pago de derechos de exportación y que tanto esto como la inhabilitación de la planta (provocada por la existencia de deuda líquida y exigible), no resultan medidas arbitrarias ni ilegítimas".

Los argumentos de la AFIP no convencieron al juez, que ordenó al organismo levantar las sanciones contra Vicentin, que ahora podrá exportar y poner en marcha las plantas, que funcionan actualmente con trabajos a fasón, es decir, alquiladas en San Lorenzo y Ricardone.

Esta nueva decisión del juez que está a cargo de la causa desde el 10 de febrero pasado, cuando se abrió el concurso de acreedores de Vicentin, que enfrenta una deuda de 99.000 millones de pesos, con más de 2600 acreedores, va a generar probablemente nuevos reclamos por parte del Estado nacional, que ya se hicieron visibles en las críticas contra el magistrado que planteó el lunes pasado el subinterventor Luciano Zarich en una presentación ante Lorenzini.

El funcionario nacional rechazó y cuestionó el fallo del magistrado, que restituyó a los directivos de Vicentin al frente de la empresa y rebajó a veedores el rol de los interventores nacionales. El juez tomó esta postura dos días antes del banderazo que se convocó en Avellaneda y se amplificó en varias ciudades del país, bajo el lema "hoy es Vicentin, mañana sos vos".

"El juez se declara incompetente para una inconstitucionalidad del DNU 522 y dicta una resolución que lo modifica. En términos llanos: no puede expedirse sobre la validez del decreto pero a su vez no lo aplica", planteó Zarich en su escrito.

El funcionario citó un informe elaborado por la Sindicatura General de la Nación en el que se advierten -según el escrito- varias irregularidades. Afirma que "del relevamiento realizado por los auditores surge que hay una superposición de los patrimonios de las distintas sociedades, y agrega que "del endeudamiento denunciado por la concursada, el 60 por ciento se formó en el último año", por lo que "las causas de la cesación de pagos de la empresa son en extremo vagas. Otro planteo que hizo el gobierno de Santa Fe es que aún en la causa no figura el último balance de Vicentin.