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“Daña a las pymes del interior”: fuerte reacción por el decreto de Fernández sobre un subsidio a la harina
Belkis Martínez
lanacion.com.ar

Después de que el Gobierno decidiera seguir sosteniendo el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) para subsidiar la harina 000 que llega a las panaderías con el destino de hasta el 1,3% de lo recaudado con las retenciones a la soja, en el sector “no están de acuerdo con la continuidad” de este mecanismo. El fideicomiso, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre próximo, dicen que “daña a las pymes del interior del país”.

“Ratificamos la posición, no estamos de acuerdo con el FETA, pensamos que hay mejores herramientas para asistir a los sectores más vulnerables. Este fondo daña a las pymes del interior del país y nunca contuvo el precio del pan”, indicaron desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra).

En Molinos Pyme sugirieron que, a través de la Tarjeta Alimentar, por ejemplo, se podrían otorgar los subsidios directos a los sectores más necesitados. Además, mencionaron que “los pequeños molinos no tienen la estructura para sumarse a estos fondos que demoran las compensaciones y que esto los liquida”. En ese sentido, remarcaron que “hay demoras en los pagos”.

Por su parte, Santiago del Solar, coordinador de la Comisión de Granos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), dijo: “Estos mecanismos que subsidia la oferta sabemos que son ineficaces, cuando el consumidor llega a las panaderías o compra los panificados se va a enterar de que la inflación hace su trabajo, lamentablemente, y no se soluciona con este tipo de subsidios a la oferta. Desde el punto de vista práctico no funciona y no funcionó nunca, y no van a funcionar ahora”.

Por otro lado, explicó que la trazabilidad y transparencia de estos mecanismos, quién los recibe y quién no, genera muchas dudas. “Es una idea que no apoyamos para nada que se haga de esta manera. Es importante señalar que se los arropa diciendo que las retenciones a la soja se utilizan para un fin positivo, de esta manera, justifican las retenciones a la soja, cuando en realidad el dinero es fungible. El dinero de las retenciones a la soja se utiliza para pagar el despilfarro fiscal, de esta manera se hace creer que este dinero va a ser utilizado para un fin puntual”, agregó. Específico también que “no tiene ninguna utilidad práctica” y que genera dudas desde el punto de vista de la trazabilidad del dinero.

En tanto, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), dijo que el mecanismo que fue creado por el exsecretario de Comercio Roberto Feletti, que buscaba en aquella instancia evitar la suba del producto tras la invasión de Rusia a Ucrania, países que representan el 28% del comercio global del trigo, “es más de lo mismo”.

“Esto es seguir sacando lonjas del mismo cuero; es sacarle al productor para un fideicomiso que no tuvo el efecto deseado en el pan y sus derivados y que tuvo a algunos bendecidos para este sistema. En definitiva, esto es muy injusto”, indicó. Según mencionó, el problema es que esta decisión se acentúe en un momento de emergencia como la que atraviesa el productor.

“Es injusto; aún en emergencia o desastre, con lo poco que le quede [al productor] va a tener que aportar, y no les han destinado ninguna ayuda, ya que están en semejante emergencia. Es inapropiado por los resultados, por el momento de emergencia y por la situación”, sintetizó.

A principios de este mes, desde el Gobierno brindaron datos en los que mencionaban que al fondo le quedaban $28.563 millones para subsidiar la harina 000. Además, dijeron que estos fondos podían cubrir los próximos pagos que se realizaran a los casi 20 molinos que hoy lo integran y están operativos dentro del mecanismo. Esos recursos alcanzarían hasta la primera quincena de julio próximo.

A mediados del año pasado, diputados de la Coalición Cívica presentaron una denuncia penal contra Feletti, por supuestas irregularidades con el manejo del fideicomiso creado para subsidiar la harina de la industria molinera para las panaderías.

En ese sentido, Luciano Bugallo, diputado de ese espacio en la provincia de Buenos Aires, y uno de los que impulsó la denuncia, recordó: “Cuando lanzaron el FETA denunciamos en la Justicia que era un curro a medida de Molino Cañuelas y que no solucionaría el problema que se buscaba solucionar [bajar el precio del pan], ya que este no sube por el precio de los granos, si no por una inflación descontrolada y una carga impositiva en alimentos de aproximadamente 50%. El claro ejemplo es que el trigo redujo su precio y los derivados aumentaron”.

Además, sostuvo que esto demuestra que el precio final de los productos no está relacionado con la materia prima, sino con el problema económico. “Si el objetivo real del Gobierno hubiese sido acompañar a los sectores más vulnerables, bien podrían haber subsidiado en forma directa a la demanda más necesitada, vía Tarjeta Alimentar, garantizando eficiencia y por sobre todo, transparencia, en el uso de los recursos. Pero lamentablemente el negocio y las prioridades de este Gobierno son otras”, afirmó.